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Madrid libre de corrupción

Más democracia, más libertad y más derechos

La corrupción política y empresarial en España es sistémica. Proviene del franquismo, ha parasitado el régimen constitucional del 78, y la democracia no ha acabado con ella. Alcanza tal gravedad que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. No son casos aislados, son muchos cientos de procesados por corrupción y una lista interminable de operaciones policiales y judiciales, desde los más antiguos como Fidecaya, pasando por Roldán o Filesa, hasta las actuales Púnica, Gúrtel o Lezo. Ha sido con el Partido Popular cuando se han alcanzado cotas inusitadas de corrupción y financiación ilegal.

Para que haya gobernantes corruptos, necesariamente ha de haber un poder empresarial y financiero corruptor. En nuestro país, este poder económico no elegido por nadie, controla buena parte del poder político. Ha emponzoñado las instituciones y cuenta con la complicidad de una parte del poder judicial. La corrupción es el aceite que engrasa la maquinaria del capitalismo.

La ciudadanía asiste a la repetición de la misma secuencia mafiosa una y otra vez: empresarios que donan importantes comisiones a partidos políticos a cambio de concesiones públicas, financiación ilegal del partido y enriquecimiento personal de algunos de sus dirigentes, negación de los hechos por el partido y no asunción de ningún tipo de responsabilidades. Se falsifica la democracia al obtenerse el poder con campañas electorales financiadas ilegalmente o cuando se recurre a la compra de diputados como en el “tamayazo”.

Cuando desde el gobierno del Partido Popular se intenta controlar a jueces y fiscales para asegurarse la impunidad, se está destrozando la independencia judicial y la división de poderes como puntal básico de una democracia. La sensación ciudadana es que solo se conoce la punta de iceberg y que al final todo quedará en nada. Ello conduce a una sociedad desmoralizada que cree que no se puede actuar frente a este grave problema de delincuencia organizada. Y una sociedad en la que la corrupción y la impunidad están generalizadas es una sociedad enferma.

Por si fuera poco, roban mientras recortan lo que es de todas. Hay una conciencia clara entre la ciudadanía de que sus robos son nuestros recortes y que tienen que ver con las políticas antisociales de ajuste y las privatizaciones que se están aplicando en España. El coste de la corrupción se calcula en 90.000 millones, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La política de privatizaciones emprendida en la última década la ha fomentado. Es bien sabido, y así lo ha reconocido la propia Comisión Europea en el caso concreto de la sanidad, que la contratación de empresas privadas para desarrollar funciones de servicios públicos son terreno abonado para todo tipo de ilegalidades. Así también se produjo el saqueo del Canal de Isabel II, utilizando un bien tan básico como el agua, o el pago de un millón de euros por cada colegio privado-concertado en Madrid a la trama Púnica, por citar algunos casos.

Mientras, los problemas de la gente no dejan de crecer. El paro sigue siendo muy elevado y aumenta la desprotección de las personas desempleadas; la precariedad se extiende con las reformas laborales y aumenta la pobreza salarial al tiempo que se disparan los beneficios empresariales; no cesan los recortes sociales a un Estado de Bienestar cada vez más cuestionado, mientras recaen sobre las mujeres gran parte de los trabajos de mantenimiento de la vida al tiempo que sufren niveles insoportables de violencia machista; se recortan y amenazan las pensiones para forzar los planes privados; continúan los desahucios de familias empobrecidas. El corolario de todo ello es que un tercio de la población está en riesgo de exclusión social y aumenta gravemente la pobreza infantil. En coherencia con este modelo social, el modelo productivo basado en el turismo y la construcción propicia la especulación, el pelotazo urbanístico y negativos impactos medioambientales.

Frente a este estado de cosas, hay alternativas. Y estas pasan por fortalecer la democracia, la participación ciudadana, la moralidad pública y la transparencia. Hay que asegurar la independencia del poder judicial y de los organismos de seguridad encargados de la investigación de este tipo de delitos. Necesitamos un gobierno honesto y respetuoso con la ley y la división de poderes. Que no prescriban los delitos de corrupción económica y política, y que se sancione tanto a los corruptos como a los corruptores. Es necesario luchar contra los paraísos fiscales. Debemos exigir la devolución del dinero robado y crear un fondo destinado a fines sociales y a la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad. En resumen, es preciso introducir mecanismos que eleven la intensidad de la democracia ante prácticas corruptas, como el revocatorio de todo cargo público electo, así como un mayor control ciudadano sobre el poder político.

Es fundamental recuperar la iniciativa ciudadana para acabar con esta situación de podredumbre. Hay que avanzar hacia un proceso constituyente para cambiarlo todo. Llamamos a la ciudadanía y a la clase trabajadora a participar activamente. Hay que salir a la calle el 24 de junio y seguir trabajando y movilizándonos contra la corrupción y la impunidad, porque con corrupción no hay democracia.

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